Ciudad de México.- Los testimonios de cinco de las once mujeres denunciantes de tortura sexual a manos de fuerzas de seguridad en los hechos de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, serán escuchados los próximos 16 y 17 de noviembre ante la la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh).

En un comunicado, precisó que tras los operativos policiales de mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, 31 mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales tanto al momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a éste.

Indicó que, mientras las mujeres tuvieron que lidiar por años con procesos penales arbitrarios por ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado, las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra se mantuvieron impunes.

El centro informó que la Corte recibirá los testimonios orales de Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes estarán acompañadas por el resto de las mujeres.

"Será la primera vez que comparecerán juntas ante un Tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso desde mayo del 2006, cuando fueron ilegal y arbitrariamente detenidas durante la manifestación e iniciaron su lucha por que se conozca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia", señaló el Centro Prodh.

Señaló que estas mujeres iniciaron su proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2011 declaró admisible el caso.

Sin embargo, en octubre de 2015, la CIDH aprobó el Informe de Fondo 74/15, en el que resolvió a favor de las peticionarias declarando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos.

La CIDH recomendó al Estado mexicano investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad e implementar medidas estructurales encaminadas a prevenir la repetición de hechos similares.

Subrayó que, en respuesta al incumplimiento de las recomendaciones, el caso se envió ante la Corte Interamericana.

En las audiencias de la Corte, dijo, estarán presentes los representantes de las víctimas, que son tanto el Centro Prodh como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Asimismo, indicó, una experta independiente y representantes de Gobierno presentarán análisis y antecedentes que serán analizados luego por la Corte para determinar si hay responsabilidad internacional del Estado mexicano.

"Para las mujeres y sus representantes, ésta es una oportunidad única para que ellas sean finalmente escuchadas y para que la Corte ordene al Estado medidas concretas dirigidas a realizar una investigación exhaustiva de todos los hechos y los responsables del caso.

"Esto servirá, además, para romper con el ciclo de impunidad que permite la persistencia de la tortura en México, en particular de la tortura sexual a mujeres, una práctica ampliamente cometida pero casi nunca sancionada".

Asimismo, señaló, la revisión del caso por la Corte Interamericana contribuirá a reconocer los controles que existen en México respecto de la actuación de las policías en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza.

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